Las normativas gubernamentales son reglas, directrices y normas establecidas por el gobierno para orientar, controlar y regular sectores como la industria, las finanzas, la sanidad, el medio ambiente, la educación, la seguridad y la tecnología, entre otros.

Si aplicamos algunos ejemplos, como la protección del público, estas normativas pretenden garantizar que los alimentos se comercialicen y consuman de forma segura.

También está la protección de los derechos de los trabajadores, donde la regulación gubernamental puede afectar a los debates sobre salarios mínimos, condiciones laborales, derechos de sindicación, entre otros.

Sin embargo, la auditoría de la normativa gubernamental verificará el cumplimiento de cada norma o regla establecida por el gobierno en determinadas actividades.

Estas prácticas pueden ser adoptadas por los órganos internos de la administración, responsables de la inspección y el control, o por el cumplimiento, que ya veremos.

¿Qué es el cumplimiento?

El término surgió en el sector financiero, concretamente en la banca, como una sugerencia de buenas prácticas en la supervisión bancaria respaldada por los grandes bancos del G10 en el último año. Comité de Basileaen Suiza.

El objetivo era disponer de prácticas uniformes ante un mundo globalizado en beneficio de todos. 

Este concepto se aplica a empresas y organizaciones para garantizar la integridad y fiabilidad de la información financiera.

Dicho esto, el cumplimiento es la política interna y las normas éticas de una organización para prevenir, detectar y resolver la corrupción, el fraude y cualquier otro acto perjudicial.

Esto aporta seguridad tanto financiera como de reputación a la organización, haciéndola funcionar con transparencia y de acuerdo con las normas que está autorizada a seguir:

Normativa, políticas internas, gobierno corporativo, gestión de riesgos, supervisión y auditoría, y otros aspectos.

El cumplimiento ayuda a navegar por la complejidad normativa de Brasil

El Decreto 9.203 de 2017 establece el gobierno público de los contratos de la administración pública, tanto para la presidencia de la república como para los órganos ministeriales, con el deber de establecer normas corporativas en relación con los contratos administrativos y demás actuaciones de la administración directa.

Por lo tanto, para que la complejidad normativa vigente en el país sea eficaz a través del cumplimiento, deben existir normas claras sobre qué se inspeccionará, cómo se comprobará, qué precauciones tomar y cuáles son las responsabilidades de los organismos.

A este respecto, el decreto establece un plazo de 180 días para que los organismos creen comités de gobernanza y programas de integridad. 

Esto significa que el comité de gobernanza y los programas de integridad no pueden ser una redundancia del poder legal o del control interno; deben tener sus propias reglas, atribuciones y procedimientos para lograr resultados.

Algunos puntos de este resultado son la reunión con los proveedores, cómo se llevarán a cabo la notificación y los procedimientos, cómo se evaluará el resultado de los contratos. Pero eso no es todo.

Debe haber un mapeo y un análisis de, por ejemplo, la industria y la ubicación de la organización, comprendiendo qué normativas se aplican a ambas, las implicaciones y las evaluaciones de los riesgos en las operaciones.

También puede tener comunicación directa con los organismos reguladores pertinentes para aclarar determinadas normativas y cuestiones de cumplimiento.

Estos aspectos ayudan al cumplimiento a navegar por las complejidades de la normativa brasileña.

Sin embargo, conviene recordar que esta estructura proactiva de cumplimiento de la normativa gubernamental permite a cada organización comprender, aplicar y mantener el cumplimiento de la normativa de forma más manejable, evitando el fraude, la corrupción y otros tipos de daños.